
La propuesta de reforma al Poder Judicial en México se ha consolidado como el principal factor de incertidumbre económica y política, con analistas proyectando que su implementación debilitará el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) hasta, al menos, 2027. Esta percepción surge del temor de que la reforma afecte el Estado de Derecho al mermar la independencia judicial, lo cual es considerado un pilar fundamental para la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
La cautela es palpable en el sector privado. Las instituciones financieras han revisado a la baja las expectativas de crecimiento, anticipando que la economía mexicana crecerá muy poco en los próximos años. La razón es que la incertidumbre jurídica inhibe las grandes inversiones de capital fijo. Las empresas temen que, sin un contrapeso judicial fuerte, los cambios repentinos en las regulaciones o la cancelación de proyectos de infraestructura puedan ocurrir sin una vía de defensa legal sólida.
Un segundo pilar de la inestabilidad es la inminente renegociación del T-MEC. Los señalamientos de Estados Unidos sobre el incumplimiento de México en materia energética, de telecomunicaciones y agricultura, sumados a la amenaza de aranceles por parte de figuras políticas clave en EE. UU. (como la propuesta de un arancel del 25% a camiones pesados), crean un ambiente de alta tensión comercial que se cruza directamente con la estabilidad política interna.
El problema de fondo es la percepción de riesgo país. Los conflictos geopolíticos internacionales, el esfuerzo fiscal para reducir el déficit y la política migratoria de Estados Unidos, que ya comienza a impactar negativamente el flujo de remesas, se suman a la inestabilidad política interna. Estos factores interconectados han llevado a expertos a preguntarse si el país podría enfrentar un periodo de estanflación (estancamiento con inflación).
La respuesta del nuevo gobierno ha sido buscar acuerdos con la Administración estadounidense para mitigar los aranceles, como lo ha detallado la nueva presidenta, pero la comunicación diplomática por sí sola no elimina la preocupación de los mercados. La caída histórica de las acciones de grandes corporativos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ante la incertidumbre económica es un reflejo directo de esta ansiedad del mercado ante los cambios.
En última instancia, el poder de la reforma judicial se extiende más allá de los tribunales. Está redefiniendo el marco de riesgo para todo el aparato productivo mexicano. La capacidad del gobierno para estabilizar las expectativas de los inversionistas y asegurar que los cambios legislativos mantengan, o refuercen, la certeza jurídica será lo que determine si México retoma la senda del crecimiento o se estanca hasta el 2027.
