Colombia se encuentra en un estado de máxima alerta ante una escalada de violencia que amenaza con desestabilizar el proceso electoral de 2026.
A menos de un año de los comicios, el país ha sido testigo de una serie de atentados terroristas, el asesinato de 105 líderes sociales y amenazas directas a precandidatos presidenciales, lo que ha puesto en jaque la principal promesa de gobierno del presidente Gustavo Petro: la “paz total”.
Estos actos violentos, que incluyen el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, son interpretados por analistas como parte de un plan orquestado por grupos armados ilegales. Según el experto en seguridad Jaime Arango, estas organizaciones buscan generar “confusión y miedo” para presionar al gobierno a firmar acuerdos de paz que les otorguen beneficios jurídicos y control territorial.
Ante el aumento de los ataques, el presidente Petro ha intensificado su llamado a la comunidad internacional para que declare como organizaciones terroristas a varios de los grupos con los que previamente ha intentado negociar, como el Clan del Golfo y las disidencias de la Segunda Marquetalia e Iván Mordisco.
En un evento público en Valledupar, el mandatario afirmó que sus investigaciones de inteligencia revelan que estos grupos no son más que “bandas armadas” cuya operación real es coordinada por una “junta del narcotráfico” que actúa como una confederación de mafias a nivel internacional. Este señalamiento directo y público marca un giro en la política gubernamental y refuerza la postura de Petro frente a estos grupos criminales.
La actual seguidilla de ataques y la conmoción que han causado en la población colombiana han debilitado seriamente la “política de paz total”, que ha sido una de las columnas vertebrales de su plan de gobierno. La violencia en la previa electoral no solo eleva la tensión en el país, sino que también pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la estabilidad democrática.