La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha condicionado la entrega de cientos de millones de dólares en Subvenciones para el Desempeño de la Gestión de Emergencias (que superaron los $300 millones el año pasado) a los estados. La agencia exige a los gobiernos estatales que realicen un recuento poblacional certificado al 30 de septiembre y que confirmen que este conteo no incluye a personas removidas bajo las leyes de inmigración de EE. UU.
FEMA justificó la medida argumentando que busca asegurar una distribución equitativa de los fondos, ya que la mayoría se distribuye proporcionalmente a la población estatal. Un portavoz de la agencia declaró que “los cambios recientes en la población, incluidas las deportaciones de inmigrantes ilegales, generan la necesidad de contar con datos actualizados”.
Esta nueva directiva añade una capa de burocracia e incertidumbre para los estados. Históricamente, FEMA ha utilizado datos del Censo de EE. UU. para determinar las asignaciones, por lo que pedir a los estados que demuestren sus poblaciones de esta manera no tiene precedentes, según funcionarios de FEMA.
El aviso señala que la retención de los fondos solo será rescindida tras la “revisión y aprobación de la metodología y certificación de población del Estado” por parte de FEMA.
La directiva se produce en un contexto de alta tensión política, horas después de que un juez federal bloqueara temporalmente a la administración de desviar subvenciones similares de FEMA de aproximadamente una decena de estados liderados por demócratas.
Tensión política: Durante meses, el Gobierno de Trump ha amenazado con recortes de fondos a los estados con políticas consideradas “santuario”. En el tribunal, los demandantes de los 11 estados y Washington D.C. argumentaron que “la administración actual está quitando dinero a sus enemigos”, citando comentarios de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Posición de FEMA: Un portavoz de FEMA insistió en que el nuevo requisito de recuento “aplica a todos los estados y no está relacionado con recientes fallos de tribunales federales”.
La Asociación Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA) advirtió que las continuas demoras en la financiación de FEMA están poniendo a las comunidades en riesgo al retrasar esfuerzos críticos de preparación, respuesta y recuperación. La NEMA destacó que estos fondos son la “columna vertebral de los programas locales de manejo de emergencias”.
El requisito de recuento y el cierre actual del Gobierno federal podrían causar más demoras, ya que muchos empleados de FEMA están suspendidos temporalmente. Además, la administración Trump ha estado reformando FEMA, reduciendo el tiempo que los estados tienen para gastar el dinero de las subvenciones de tres años a solo uno, y añadiendo pasos adicionales para acceder a los fondos, lo que incrementa la dificultad para la gestión local de emergencias.