El Parlamento Europeo ha emitido una resolución no vinculante en la que pide a España que acelere las reformas en el sistema judicial y la lucha contra la corrupción. Esta petición es una condición para acceder a la totalidad de los fondos de recuperación post-pandemia.
La resolución, aprobada con una amplia mayoría, destaca la preocupación de los eurodiputados por la lentitud de los procesos judiciales en España y la falta de independencia del poder judicial. Piden al gobierno que implemente las recomendaciones de la Comisión Europea.
La preocupación principal es el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la politización de la justicia. Los eurodiputados señalan que una justicia lenta y la corrupción son un obstáculo para el crecimiento económico y la inversión extranjera.
La resolución también insta al gobierno español a reforzar la transparencia en la gestión de los fondos europeos. Se pide un mayor control para evitar la malversación y garantizar que los proyectos financiados sean sostenibles y cumplan con los criterios de la Unión Europea.
El gobierno español ha reaccionado con cautela, asegurando su compromiso con la independencia judicial. Sin embargo, ha criticado la intromisión del Parlamento Europeo en los asuntos internos de España, generando un nuevo punto de tensión.
La presión de las instituciones europeas es un factor determinante en la agenda política española. El gobierno sabe que el acceso a los fondos depende de las reformas, y la resolución es un recordatorio de que la confianza de los socios europeos no es incondicional.