La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido adentrarse en uno de los litigios más antiguos de la Guerra Fría al aceptar la revisión de dos casos clave relacionados con la confiscación de propiedades estadounidenses en Cuba tras la llegada de Fidel Castro al poder. Esta decisión, que podría poner en juego miles de millones de dólares, marca un punto de inflexión y subraya un cambio radical en la política de Washington hacia La Habana.
El máximo tribunal abordará la apelación presentada por Exxon Mobil Corporation, que busca una indemnización por la expropiación de una refinería de petróleo, terminales y 117 estaciones de servicio a finales de la década de 1950. Aunque las pérdidas certificadas por el gobierno estadounidense en 1969 ascendían a 72 millones de dólares, la cifra podría escalar a miles de millones al sumarle intereses y una solicitud de indemnización triple por parte de Exxon.
El segundo caso es presentado por Havana Docks Corporation. Esta empresa reclama a las principales líneas de cruceros del mundo por haber utilizado sin autorización un muelle que construyó en La Habanahace más de un siglo. Havana Docks alega que, a pesar de la confiscación de sus muelles por el régimen comunista, las líneas de cruceros pagaron al menos 130 millones de dólares al gobierno cubano entre 2015 y 2019, sin compensar a los dueños originales.
Durante décadas, estas demandas fueron imposibles de llevar a tribunales estadounidenses, a pesar de que el Congreso había promulgado la Ley Helms-Burton en 1996, la cual permitía a los ciudadanos demandar por bienes confiscados. La razón era una cláusula de la misma ley que permitía a los presidentes suspender esa autorización en aras de los intereses nacionales.
Esa suspensión fue mantenida por todos los presidentes hasta que, en un giro dramático, la Administración Trump decidió levantarla el 2 de mayo de 2019. Exxon presentó su demanda ese mismo día, reactivando un litigio que llevaba pendiente desde los años sesenta.
El núcleo del desafío legal es conciliar la Ley Helms-Burton con una ley anterior que otorga inmunidad general a gobiernos extranjeros en tribunales de EE. UU. La propia Administración Trump instó a la Corte a aceptar el caso, argumentando el “interés imperioso” de garantizar que los ciudadanos estadounidenses reciban compensación.
El litigio subraya la reversión de la política de acercamiento iniciada por Barack Obama. La entidad cubana demandada, Corporación Cimex, advirtió que el argumento de Exxon podría tener “implicaciones globales” y abrir la puerta a un sinfín de demandas.
Por su parte, las líneas de cruceros se defendieron, argumentando que el acuerdo original de Havana Docks por el uso del muelle habría expirado legalmente en 2004, antes de que ellos comenzaran a atracar sus barcos.
La Corte Suprema aborda estos casos en un entorno donde el poder judicial se ha mostrado históricamente reacio a permitir demandas contra gobiernos extranjeros, en parte por temor a que otros países respondan con demandas similares contra Estados Unidos. La decisión final, por lo tanto, no solo impactará a Cuba, sino que podría redefinir cómo los tribunales estadounidenses manejan las reclamaciones de política exterior en el futuro.