El Gobierno de México ha puesto en marcha una consulta nacional para la Reforma Electoral, con el propósito de que la ciudadanía participe activamente en la construcción de una iniciativa que será presentada al Congreso en enero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este ejercicio, encabezado por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral a cargo de Pablo Gómez Álvarez, incluirá audiencias públicas en los 32 estados del país, debates entre posturas diversas y mecanismos digitales para recoger propuestas ciudadanas a través de un micrositio oficial. Este periodo de foros públicos se llevará a cabo de septiembre a diciembre de 2025. Al finalizar, las conclusiones y aportaciones ciudadanas se integrarán en la propuesta formal de reforma que se someterá a discusión legislativa.
La Comisión plantea 10 ejes de discusión fundamentales para revisar aspectos cruciales del diseño institucional y la operatividad del sistema electoral, buscando optimizar el gasto y la representación:
Sistema de partidos políticos y su financiamiento.
Modelo de justicia electoral.
Reglas de representación proporcional y mayoría relativa.
Participación ciudadana y mecanismos de democracia directa.
Papel de los órganos electorales locales y federales.
Fiscalización de campañas y topes de gasto.
Integración y facultades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Transparencia y rendición de cuentas en partidos y autoridades.
Paridad de género y representación de grupos vulnerables.
Uso de tecnologías digitales en procesos electorales.
El anuncio de una reforma electoral profunda genera tensiones, especialmente en temas como la posible modificación de la figura de diputados y senadores plurinominales y la reducción de costos electorales. No obstante, el Gobierno ha aclarado que el Instituto Nacional Electoral (INE) seguirá siendo autónomo. La ruta de trabajo de casi cinco meses abrirá foros, audiencias y cuestionarios para recabar opiniones de un amplio espectro social, incluyendo organizaciones, partidos políticos, comunidades indígenas, académicos y órganos electorales. La meta es que la propuesta final sea enviada al Congreso de la Unión en enero de 2026.