El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago, a la que ha calificado como un “infierno” por su alta tasa de delincuencia armada. En sus declaraciones a la prensa, Trump también sugirió que enviaría soldados a Baltimore, otra ciudad gobernada por demócratas. El presidente negó las acusaciones de que sus acciones estén dirigidas a ciudades controladas por sus oponentes políticos, afirmando que es su “obligación” actuar ante las estadísticas de criminalidad.
Para justificar la medida, Trump citó las cifras de Chicago, la tercera ciudad más grande del país, mencionando que 20 personas habían sido asesinadas y 75 tiroteadas en las últimas dos semanas y media.
Las autoridades locales se oponen firmemente al plan de Trump. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien ya se había referido a Trump como “dictador”, acusó al presidente de planear una “invasión militar” y de utilizar la situación para su propio beneficio político. Según Pritzker, el objetivo de Trump no es combatir la delincuencia, sino “poner a prueba su poder y generar un drama político para encubrir su corrupción”.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también se opuso a la medida durante una manifestación por el Día del Trabajo, afirmando: “¡Ninguna fuerza federal en Chicago! ¡Ninguna fuerza militarizada en Chicago!”.
El despliegue de la Guardia Nacional por orden de Trump ha sido objeto de desafíos legales. En junio, miles de efectivos fueron enviados a Los Ángeles para apoyar a la policía en la represión de disturbios, y en agosto se desplegaron en Washington.
Un juez federal de San Francisco, Charles Breyer, emitió un fallo que prohíbe al Pentágono utilizar a los reservistas de la Guardia Nacional o a los marines para realizar funciones policiales, como arrestos y patrullajes. El juez advirtió que las acciones de Trump parecían tener como objetivo “crear una fuerza policial nacional con el presidente como jefe”. La orden de Breyer entrará en vigor el 12 de septiembre, lo que podría dar tiempo para que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, se pronuncie sobre el caso.